Escuela Judicial imparte el Curso Taller “Ley Nacional de Ejecución Penal y Sistema Adversarial de Solución de Controversia”, dirigido a personal de diferentes dependencias
A partir de junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), con la cual se dio un cambio transcendental del Juez de Ejecución de Sanciones al Juez de Ejecución Penal, transformación que el Poder Judicial del Estado (PJE), encabezado por la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, adopta con el Acuerdo 44/2019 del Consejo de la Judicatura, el cual establece modificaciones en la distribución de jueces y atención a las personas privadas de la libertad.
Para homologar criterios y unir esfuerzos con las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia así como de seguridad, a través de la Escuela Judicial se realizó el Curso Taller “Ley Nacional de Ejecución Penal y Sistema Adversarial de Solución de Controversia”, impartido por el juez Luis Raúl Hernández Avendaño y dirigido a personal de Unidad de Medidas Cautelares, Dirección de Reinserción Social y Defensoría Pública del Estado de Oaxaca.
Al dar la bienvenida a nombre de la titular del Poder Judicial, la magistrada Sonia Luz Ireta Jiménez, integrante de la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la Operatividad y Consolidación del Sistema Acusatorio, invitó a las y los asistentes a actualizarse sobre estos cambios, porque de ello viene la transformación de los procedimientos para la mejora continua en sus funciones que reditúe en una óptima impartición y procuración de justicia.
Con base al acuerdo 44/2019, publicado el ocho de agosto, a partir del seis de noviembre próximo se realizará la redistribución de los jueces de Ejecución Penal, por lo cual se ubicarán cercanos a los centros de reclusión y velarán por los derechos de las personas privadas de la libertad sin importar si su proceso es del sistema escrito u oral, así como el lugar donde fue sentenciado.
Por su parte, al impartir el taller, el juez Luis Raúl Hernández Avendaño comentó a las y los participantes que en un plazo de 180 días deberán cerrar los juzgados de Ejecución de Sanciones y comenzará el funcionamiento de los de Ejecución Penal, situación que depende del posible cierre de reclusorios en diversas zonas del estado.
De esta manera, se contemplan cinco Jueces de Ejecución Penal con Jurisdicción en Ixcotel, que se harán cargo de los centros penitenciarios de Etla, Ixcotel, Tanivet Varonil y Cuicatlán, así como los liberados de Valles Centrales, Mixteca y Cañada.
En Miahuatlán se ubicarán dos jueces, responsables de los reclusorios de Ejutla, Sola de Vega y Miahuatlán, así como los liberados de Putla y la Sierra Sur; en Tehuantepec será un juez con jurisdicción en esa localidad, así como los liberados de Matías Romero, Juchitán y Salina Cruz.
En tanto, el Juez de Ejecución Penal con Jurisdicción en Puerto Escondido, atenderá el reclusorio Juquila y Pochutla, así como los liberados de Pochutla, Pinotepa y el mismo Puerto Escondido; en tanto la Jurisdicción de Tuxtepec únicamente se centrará en esa zona.
En su intervención, el director de la Escuela Judicial, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, dijo que la consolidación del acuerdo y el curso es parte de un trabajo coordinado entre las diversas instituciones involucradas en la seguridad, procuración e impartición de justicia.
Con la implementación del Juez de Ejecución Penal, figura marcada por la Ley Nacional en la materia, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso de generar acciones a favor de la equidad y el respeto de los derechos humanos, en especial, de quienes por alguna razón se encuentran privados de su libertad y en situación de vulnerabilidad.
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