La Legislatura Local aprobó una reforma Constitucional para frenar la entrega de pensiones, jubilaciones, haberes de retiro o prestaciones ilegales a funcionarios públicos, garantizando con ello el principio de austeridad republicana en los ámbitos de gobierno estatal y municipal.
La modificación realizada a diversos párrafos y fracciones del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, norma el pago de sueldos, salarios y demás remuneraciones a funcionarios públicos. Se incluyó en el artículo que “los salarios sean de acuerdo a las posibilidades del Presupuesto Público del Estado o Municipio que corresponda” se limitan los excesos y dispendios en los pagos por servicios personales y salarios, mismos que deberán ajustarse a los tabuladores autorizados.
Las adecuaciones impulsadas por el diputado Mauro Cruz Sánchez, también frenan el otorgamiento de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y préstamos personales a servidores públicos que no estén “legalmente pactados” en decretos, contratos colectivos o leyes, ya que este tipo de prestaciones afectan a los presupuestos públicos y nada tienen que ver con el pago por servicios personales que se prevé en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En caso de incumplir estas disposiciones, la nueva redacción dice “las autoridades legalmente facultadas, están obligadas a iniciar los procedimientos necesarios, así como dar intervención a otras autoridades para que se sancionen tales conductas y se reintegre a la hacienda pública que corresponda el monto de lo defraudado”.
Se entiende que toda ministración de dinero, toda gratificación concedida a los servidores públicos, ya sea por concepto de gastos de representación, sobresueldo, o cualquier otro, se considerará como fraude al estado.
