San Raymundo Jalpan, Oax. .- Con 29 votos, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a los artículos 17 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado, para garantizar a este sector de la población sus derechos a la educación y a tener un trabajo.
Por ello, será una obligación del gobierno estatal dar el reconocimiento oficial e institucional a las personas que se hayan formado académicamente en alguno de los centros de servicios de educación especial, para el ejercicio de su actividad social y laboral.
Durante la sesión de este miércoles, el Pleno también autorizó las modificaciones al artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado; al artículo 26 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; a los artículos 4 y 6 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y al Decreto 1988 aprobado en 2016, por el que se expidió la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista de Oaxaca.
En asuntos de gobernación y agrarios, aprobó la segregación de la agencia de policía de Cerro Hidalgo del municipio de San Martín Peras, para su incorporación administrativa al municipio de Coicoyán de las Flores, Juxtlahuaca.
Asimismo, la 65 Legislatura exhortó al titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, para que junto con las madres y padres de familia prioricen las clases presenciales en todos los planteles educativos en el ciclo escolar 2022-2023, con el fin de garantizar a las y los estudiantes la oportunidad de prepararse académicamente y evitar la deserción escolar.
En lo que respecta a rendición de cuentas, solicitó a la Secretaría de Bienestar informar a esta Soberanía el programa y reglas de operación para la aplicación de los 150 millones de pesos, asignados para este año 2022 para las personas sin empleo afectadas por el Covid-19, de entre 18 y 59 años de edad.
De igual manera, exigió al titular de la Secretaría de Finanzas transparentar durante el proceso de entrega-recepción en la administración estatal, la situación sobre la deuda pública autorizada al Gobierno de Oaxaca en el 2019, para la contratación de financiamiento por la cantidad de tres mil 500 millones de pesos.
El Congreso local también resolvió asuntos municipales, de salud, medio ambiente y de justicia, durante la sesión ordinaria de este miércoles.
