Hay una pregunta que millones de mexicanos deberíamos hacernos hoy.
Una pregunta incómoda.
Una pregunta que no distingue partidos políticos, colores ni ideologías.
¿Qué va a pasar con México si algún día el dinero público ya no alcanza para cumplir todas las promesas que han hecho nuestros gobernantes?
Porque una cosa es prometer.
Otra muy distinta es cumplir.
Y otra, todavía más difícil, es garantizar que esas promesas puedan sostenerse durante los próximos diez, veinte o treinta años.
Hoy tenemos un país donde millones de personas reciben apoyos sociales.
Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y jóvenes que encuentran en esos recursos una ayuda importante para sus hogares.
Y quiero dejar algo perfectamente claro.
No estamos en contra de las pensiones ni de los programas sociales.
Muchos adultos mayores trabajaron toda su vida, contribuyeron al desarrollo de México y merecen una vejez digna.
El problema no es que reciban dinero.
El problema es preguntarnos de dónde sale, cuánto cuesta y quién garantizará que esos recursos sigan existiendo mañana.
Porque el dinero público no aparece por arte de magia.
Sale de los impuestos.
De la actividad económica.
De los ingresos del Estado.
Y cuando estos recursos no son suficientes, también puede salir de la deuda.
Y la deuda, tarde o temprano, tiene que pagarse.
Miren ustedes.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, al cierre de septiembre de 2026, la deuda pública de México, medida en su indicador más amplio, alcanzaba aproximadamente 19.6 billones de pesos.
¡Diecinueve punto seis billones!
Una cantidad tan grande que resulta difícil imaginarla.
Y solamente durante los primeros nueve meses de este año, el costo financiero de esa deuda representó alrededor de 959 mil millones de pesos.
Dinero destinado a intereses y otros costos financieros.
Recursos que, naturalmente, no pueden utilizarse al mismo tiempo para construir hospitales, mejorar escuelas o atender otras necesidades.
Es verdad que Hacienda reporta una situación fiscal mejor de lo previsto en algunos indicadores.
También es verdad que México continúa pagando sus compromisos.
Por eso sería irresponsable afirmar que mañana se suspenderán las pensiones.
Pero una cosa es que el gobierno pueda pagar hoy.
Y otra es demostrar cómo piensa garantizar esos pagos durante las próximas décadas.
Y aquí viene nuestra preocupación.
Cada año tenemos nuevas obligaciones.
Más necesidades de salud.
Más compromisos de pensiones.
Más infraestructura que mantener.
Más servicios públicos que financiar.
Y una economía que necesita generar suficientes empleos, inversión y productividad para sostener todo eso.
¿De dónde va a salir el dinero?
¿Vamos a seguir endeudándonos?
¿Van a aumentar los impuestos?
¿Se van a reducir otros servicios?
¿O realmente existe una estrategia de crecimiento económico capaz de sostener el gasto público?
Porque no basta con repartir recursos.
También hay que crear las condiciones para producirlos.
Y aquí tenemos otro asunto.
PEMEX.
Una empresa estratégica para México que durante años ha enfrentado problemas financieros, de endeudamiento y de producción.
Una empresa que ha requerido importantes operaciones de apoyo financiero.
Y que nos obliga a preguntarnos cuánto más tendrá que aportar el país para fortalecerla.
Pero tampoco podemos olvidar las decisiones de gobiernos anteriores.
Los compromisos derivados de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
La controversia por el avión presidencial.
Las obras públicas cuyos costos, resultados y beneficios siguen siendo motivo de discusión.
Y todos aquellos proyectos que, independientemente del partido que los haya impulsado, deben rendir cuentas ante los mexicanos.
Porque aquí no se trata de defender al PRI, al PAN, a Morena ni a ningún otro partido.
Se trata de entender algo elemental.
Los gobiernos cambian, pero las deudas y las obligaciones permanecen.
Un presidente termina su mandato.
Un gobernador entrega el cargo.
Un secretario deja su oficina.
Pero los compromisos financieros no desaparecen con ellos.
Los seguimos pagando todos.
El comerciante que abre su negocio cada mañana.
El trabajador al que le descuentan impuestos.
El empresario que intenta conservar sus empleos.
La familia que paga IVA cuando consume.
Y las nuevas generaciones que todavía ni siquiera han comenzado a trabajar.
Ahora bien.
Imaginemos por un momento un escenario hipotético.
¿Qué sucedería si un día el gobierno anunciara que debe retrasar el pago de alguna pensión o programa social porque enfrenta dificultades presupuestarias?
¿Cuántas familias se verían afectadas?
¿Cuántos adultos mayores dependen de ese dinero para comprar medicamentos o alimentos?
¿Cuántos hogares tendrían que reorganizar sus gastos?
No sabemos si ese escenario llegará a ocurrir.
Pero precisamente por eso debemos exigir que existan mecanismos para prevenirlo.
Porque cuando una familia depende de un ingreso, ese ingreso no puede convertirse en una incertidumbre permanente.
Y aquí quiero detenerme en algo fundamental.
Los programas sociales no deben ser instrumentos de lealtad política.
Recibir una pensión no significa deberle el voto a nadie.
No significa renunciar al derecho de criticar al gobierno.
No significa agradecerle personalmente a un funcionario lo que se paga con recursos públicos.
Los apoyos sociales son políticas del Estado y, cuando corresponden a derechos constitucionales, deben respetarse independientemente de quién gobierne.
Pero también necesitan financiamiento responsable.
Y esa es una obligación de quienes administran el país.
Porque una política social verdaderamente sólida no solamente entrega recursos hoy.
Garantiza que existan las condiciones económicas para seguir entregándolos mañana.
Y entonces llegamos a la pregunta que debería estar en el centro de la discusión nacional.
¿Estamos construyendo un México que produzca más riqueza, o simplemente estamos aumentando los compromisos que tendrán que pagar las siguientes generaciones?
No son necesariamente cosas incompatibles.
Un país puede tener programas sociales sólidos y una economía productiva.
Puede apoyar a sus adultos mayores y al mismo tiempo fomentar empresas, empleos, educación, tecnología e inversión.
Pero para lograrlo necesita planeación.
Disciplina.
Transparencia.
Y, sobre todo, resultados.
No discursos.
No propaganda.
No explicaciones que siempre responsabilicen al pasado.
Porque los gobiernos anteriores deben responder por sus decisiones.
Pero los actuales también.
Y los futuros tendrán exactamente la misma obligación.
Estamos llegando al cierre de 2026.
Y mientras en los discursos oficiales se habla de bienestar, crecimiento y transformación, vale la pena hacer una pregunta mucho más sencilla.
¿Ese bienestar también se está reflejando en la economía cotidiana de las familias?
¿Alcanza mejor el dinero?
¿Hay más oportunidades?
¿Los pequeños negocios están creciendo?
¿Los jóvenes encuentran empleos suficientes y bien remunerados?
Porque el verdadero desarrollo de un país no puede medirse únicamente por cuánto dinero distribuye su gobierno.
También debe medirse por cuántas oportunidades genera para que sus habitantes puedan salir adelante.
Y aquí está la reflexión final.
No debemos esperar a que falte el dinero para preguntar qué hicieron con él.
No debemos esperar a una crisis para exigir cuentas.
No debemos esperar a que las obligaciones sean imposibles de cumplir para revisar cómo fueron financiadas.
México necesita pensiones dignas.
Necesita programas sociales.
Necesita hospitales, escuelas, carreteras y seguridad.
Pero también necesita una economía capaz de pagar todo eso.
Porque ningún presupuesto es infinito.
Ningún gobierno puede gastar indefinidamente sin responder por sus decisiones.
Y ninguna generación debería comprometer irresponsablemente el futuro de la siguiente.
Así que hoy dejamos una pregunta sobre la mesa.
Una pregunta para quienes gobiernan.
Para quienes legislan.
Para quienes administran el presupuesto.
Y también para nosotros, los ciudadanos.
El dinero que hoy se está gastando, ¿está construyendo el México del mañana o solamente está resolviendo las necesidades políticas del presente?
Porque el verdadero problema no sería únicamente que algún día faltara dinero.
El verdadero problema sería descubrir, demasiado tarde, que tuvimos tiempo para prevenirlo…
Y no lo hicimos.