San Raymundo Jalpan, Oax. .- La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio, presentó un Punto de Acuerdo aprobado con 31 votos por el Pleno de urgente y obvia resolución para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública(SESESP), desarrolle en un breve plazo los protocolos correspondientes para regular la actuación policial y el uso de la fuerza con perspectiva de género.
En sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la congresista oaxaqueña señaló que es de suma importancia que este organismo emita lineamientos para la seguridad en las cárceles o separos municipales, además de coordinar y promover de manera urgente la capacitación de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal en materia de sensibilización y perspectiva de género.
La diputada local expuso el caso de Abigail Hay Urrutia en el municipio de Salina Cruz, detenida violentamente y hallada muerta dentro de una cárcel municipal, así como lo ocurrido con Alicia del Carmen Hernández Vásquez en la comunidad de Jalapa del Marqués, quien recibió jaloneos y fue detenida arbitrariamente junto con su hija de cuatro años por policías municipales.
“Estos hechos son consecuencia de la violencia institucional que se encuentra normalizada en los organismos de seguridad pública; tan es así que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), informó que en los últimos dos años se registraron 538 quejas por violaciones humanas cometidas por elementos de las policías locales, mientras que del 2015 al 2022 se documentaron 19 muertes en cárceles municipales”, detalló.
La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio reveló que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (EVIPE 2022), la policía municipal ocupa el segundo lugar entre las instituciones con mayor percepción de desconfianza.
“El punto de acuerdo que propongo, no solo trata el tema de la sensibilización y capacitación de elementos policiales adscritos a las pocas unidades de género existentes denominadas “Mujer Segura”, sino de todas las organizaciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales existentes”, afirmó.
La legisladora indicó que desde 2011 existe una Ley Estatal que regula el uso de la fuerza, además de un protocolo de actuación policial; sin embargo, estos ya se encuentran desfasados y no están armonizados con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza emitida en 2019.
“Es urgente poner en marcha un programa que cambie las actitudes y estereotipos de género que han permitido perpetuar la discriminación y la violencia contra las mujeres; para lograrlo es necesario identificar la división sexual del trabajo dentro de las policías y hacer conciencia que se deben erradicar las posiciones privilegiadas de la masculinidad y asimetrías de poder”, externó.
En este marco, la diputada local Mariana Benítez, también presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Oaxaca, para eliminar como requisitos la existencia de un domicilio familiar, debido a que representa un obstáculo para acreditar este delito.
“No podemos dejar que la interpretación judicial o ministerial de la frase “dentro o fuera del domicilio familiar” establecida en el artículo 404 del Código Penal, se impone como elemento del delito, lo cual significa una barrera para el acceso a la justicia; obstáculo que podemos eliminar desde el trabajo legislativo”, aseveró.
La legisladora local expuso que de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, durante 2017 se iniciaron más de 4 mil 800 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, y en el 2021 se abrieron más de 6 mil 800 casos.
“Ante este panorama es importante puntualizar que la violencia familiar es una antesala del feminicidio, puesto que, si estas conductas violentas no se detienen a tiempo, crean una espiral ascendente que en muchas ocasiones concluye con la muerte de mujeres, principalmente en manos de sus parejas o exparejas”, concluyó.
