64

El Congreso Local aprobó un punto de acuerdo, mediante el cual solicitó investigar y, en su caso, sancionar probables actos de corrupción y desvío de recursos por parte de la autoridad municipal del ayuntamiento de Mixistlán de la Reforma, Mixe.

En primera instancia, esta representación popular exhortó a la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), a que resuelva lo procedente al incumplimiento de la sentencia JDI/20/2018, emitida el 12 de abril del 2019,  para que esa autoridad municipal entregue a la agencia de policía de Santa María Mixistlán, los recursos de los ramos 28 y 33, fondo III y IV, correspondiente a los ejercicios fiscales 2020 y 2021, resolución que a la fecha no ha sido acatada.

También, demandó al titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la retención, resguardo y entrega de los recursos de manera directa a la agencia, para la obra pública que le corresponden de manera proporcional, de un presupuesto global aprobado por la Federación que asciende a los cuatro millones 352 mil 112 pesos.

En tanto, a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el Parlamento oaxaqueño requirió el inicio de las investigaciones contra las autoridades del ayuntamiento de Mixistlán de la Reforma, entre ellos a Juan Antonio Díaz y Eduardo Hernández Rosas, presidente y Síndico en el año 2020; Fermín Cipriano Arreola y Vidal Hernández Domínguez, primer edil y Síndico en la presente administración municipal, y demás funcionarios que resulten responsables.

La Diputación Local también exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que instruya lo necesario para que el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo, declare nula la priorización de obras de  Mixistlán de la Reforma, realizada el 2 de abril de este año, por haber excluido a la agencia de policía de Santa María Mixistlán, y reponer el procedimiento de manera que esta comunidad pueda participar en la definición de las obras para su desarrollo.

En el ámbito federal, esta Soberanía pidió respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a recuperar el trazo original para la pavimentación del camino que se realiza con recursos federales en esa municipalidad, para que el beneficio de esa obra no excluya a las y los habitantes de las agencias de policía.

El municipio de Mixistlán de la Reforma, es uno de los 11 municipios que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca señala por no haber justificado los recursos que le fueron asignados durante el Ejercicio Fiscal del 2019, en la primera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal del año pasado.

La LXIV Legislatura del Estado robusteció distintas legislaciones con el objetivo de garantizar ahorros ante diversos trámites y servicios gubernamentales para la población.

De esta manera, al reformar el Artículo 153 de la Ley Estatal de Transporte el Congreso local convirtió a Oaxaca en la quinta entidad federativa, en todo el país, en expedir licencias permanentes, generando así ahorros considerables para la población.

En el rubro de movilidad, esta Soberanía también legalizó la validez del uso de las licencias digitales, con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites que realiza la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Mediante modificaciones a los artículos 170 y 171 de la Ley de Movilidad estatal, quedó establecido que toda persona que conduzca un vehículo motorizado, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo a los motociclistas, podrán contar y portar en un dispositivo la licencia digital o bien la versión impresa.

Una carga monetaria enorme para los y las oaxaqueñas, y que el Parlamento estatal logró combatir, fue el requerimiento obligatorio de las actas del registro civil actualizadas al momento de realizar trámites ante alguna dependencia gubernamental.

En este sentido, está representación popular adicionó el Artículo 66 Bis al Código Civil  local, para instituir que, no hay razón jurídica ni debe existir condicionante o imposición de un determinado plazo o vigencia del acta de nacimiento.

Ahora esta documentación y sus copias certificadas que expide el Registro Civil, que se encuentren en buen estado, sin tachaduras, borraduras, enmiendas y legibles, no están sujetas a plazos de caducidad y los datos asentados en ellas se presumirán actualizados.

De esta forma, el Gobierno del Estado quedó obligado a modificar sus políticas públicas, planes, programas y proyectos con un enfoque que beneficie la economía de la ciudadanía oaxaqueña.