MESA DE LA PAZ 

durante la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad.

Campeche,.-Que se revisen los contratos y se investigue a empresas contratadas para colocar cámaras de vigilancia, pues muchas se pagaron, pero no operan, ordenó la gobernadora Layda Sansores San Román, durante la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad.

Acompañada del secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, y de autoridades civiles y militares, la Gobernadora también pidió capacitar y cuidar que sobre todo los nuevos elementos policiacos no se contaminen de malas prácticas.

Reiteró que en Campeche no se permitirán más invasiones y pidió que en situaciones de desalojo, de acuerdo con la ley, no sólo se apoye a quienes han sido engañados por vivales, sino que se les oriente para denunciarlos y aplicarles las penas que establezca la ley.

Sansores San Román pidió incrementar la vigilancia para impedir la tala clandestina en zonas como Hopelchén y Calakmul; escuchó el reporte de que se analiza cada caso de internos de los reclusorios del estado para ayudar a obtener la libertad de los que se pueda, y pidió redoblar esfuerzos en ese sentido.

Negociación de contratos sobre centros penitenciarios significará ahorros de hasta 10 mil millones de pesos para la Hacienda pública: presidente

Los ahorros, dijo, alcanzarán para financiar hasta 400 cuarteles de la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los acuerdos alcanzados con empresas administradoras de centros penitenciarios tras la renegociación de contratos perjudiciales para la Hacienda pública que se celebraron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En conferencia de prensa matutina el mandatario explicó que no se deshicieron los contratos sino que se ajustaron a fin de eliminar las cláusulas nocivas para las finanzas públicas, lo que se traducirá en ahorros.

“Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15 por ciento, esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de dos mil 300, dos mil 500 millones de pesos por año. En los cuatro años que nos quedan, si así lo decide el pueblo, el Creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10 mil millones de pesos”, resaltó.

Los ahorros, dijo, alcanzarán para financiar hasta 400 cuarteles de la Guardia Nacional necesarios para procurar condiciones dignas al personal dedicado a la seguridad pública.

“Un cuartel de la Guardia Nacional cuesta alrededor de 25 millones de pesos. Bien hechos, de calidad, porque se hacen con profesionalismo y no hay corrupción, 25 millones de pesos. Ya llevamos más de 160 cuarteles terminados. Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a significar poder financiar casi 100 cuarteles y en los cuatro años nos va a alcanzar como para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo señaló que los ocho contratos leoninos se asignaron sin licitaciones, es decir, por adjudicación directa, con el compromiso de pagar cada año por la administración de los reclusorios en un periodo de 20 años.

Recordó que, además del pago excesivo se tenía que pagar el 100 por ciento habiendo o no personas privadas de la libertad.

Adicionalmente, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares.

“Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno”, apuntó.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que el gasto por cada interno era equivalente al hospedaje diario en un hotel de lujo por concepto de alojamiento, alimentación y atención a cada interno.

“El gasto por PPL (Persona Privada de la Libertad) al año, que en promedio es de un millón 408 mil; el gasto por PPL al mes, que es de 117 mil 409 pesos; y el gasto promedio por PPL al día, que va de tres mil 913 pesos diarios”, precisó.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana, de los 22 mil 776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 67.7 por ciento se destinó al pago de los ocho contratos, lo que demuestra la privatización de estos servicios.

Además de la reducción de 15 por ciento del costo al Gobierno de México, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas al patrimonio de la nación.

También se estipularon mejoras a las condiciones de vida y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.