La Cámara de Senadores avaló una reforma a la Constitución Política para establecer en su artículo 2 el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas, para que no pueda justificarse el ejercicio de los usos y costumbres de esas regiones alguna práctica que vaya contra los derechos de los menores.
En el documento, avalado por 76 votos y turnado a la Cámara de Diputados, las y los senadores advirtieron que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas, donde la convivencia se rige esencialmente por usos y costumbres, corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.
Si bien es preciso garantizar el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, como la misma Carta Magna lo establece y de acuerdo con diversos tratados internacionales de los que es parte México, enfatizaron, también se debe precisar que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”, subrayaron los legisladores.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expuso que los matrimonios y uniones infantiles forzados tienen muchas causas, pero principalmente son impulsadas por normas de género que privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos.
Lo anterior, continuó, limita sus opciones en la vida, al igual que el factor de pobreza que afecta especialmente a pueblos indígenas de América Latina y México, donde los niveles alcanzan cifras demasiado altas, particularmente entre los menores de 18 años, por lo que cobra relevancia proteger constitucionalmente a estos sectores.
Al fijar la postura de Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez confió en que ningún grupo parlamentario en el Senado se opondría a aprobar esta enmienda por mera “politiquería”, pues no se puede aceptar que haya niñas de 13 o 14 años casadas con sujetos de más de 35 años.
“Imagínense su día, imagínense su noche; es de dar miedo, un miedo social que no se nos debe de olvidar”, por lo que reiteró que su bancada respalda esta reforma al artículo 2 de la Constitución por unanimidad y sin cuestionarla. “Estamos con las niñas y los niños de México”, destacó.
La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña, niño o adolescente”, narró la senadora presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se revelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.
Del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos subrayó que esta reforma constitucional robustece y reitera lo que se ha aprobado durante las últimas legislaturas en el Senado de la República.
Con la erradicación de la unión entre menores y adultos, añadió, no se recurrirá a los usos y costumbres como un atenuante o excluyente de responsabilidad. “No más maltrato infantil, no más matrimonios infantiles, no más embarazos producto de creencias o permiso de padres o familiares”, concluyó.
En representación del PT, la senadora Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y trasgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.
“Desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde suceden”, añadió; ante ello, exigió que las niñas, adolescentes y mujeres en México dejen de ser “intercambiables”, pues son personas cuya dignidad debe ser respetada.
El Pleno también rechazó dos reformas a la Constitución Política, la primera a su artículo 8 con el que se incluiría a los medios electrónicos -entre los que podrían estar las páginas oficiales de redes sociales- como parte de los canales a los que puede recurrir la ciudadanía para hacer peticiones de información a funcionarios y empleados públicos.
Dicho proyecto no alcanzó la mayoría calificada que necesitaba para aprobarse, al obtener 50 votos a favor, 9 votos en contra y 22 votos en abstención.
La segunda reforma fue al artículo 27, con el que se establecería la soberanía de nuestro país sobre las aguas en estado líquido o de vapor en forma natural que se encuentren en los yacimientos geotérmicos hidrotermales en territorio nacional.
El asunto tuvo una votación de 47 votos a favor, 13 votos en contra y 23 votos en abstención, por lo que no obtuvo mayoría calificada.
Además, la asamblea conoció un tercer dictamen para reformar el artículo 123 de la Constitución, a efecto de crear un régimen de protección para los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios en los casos en que sean separados de sus cargos de manera injustificada.
Sin embargo, en el momento de votación la propuesta no alcanzó el quórum reglamentario, por lo que se levantó la sesión.
