Estrechar los lazos en materia de información y capacitación de las fuerzas del orden en el estado y los municipios, así como la coordinación con las corporaciones federales, fue el eje central de los trabajos realizados en la vigésima primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal explicó que este esfuerzo reúne a los titulares de las 72 demarcaciones que conforman la entidad, así como a las instancias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, tanto en lo federal como en lo estatal, a fin de medir resultados y tomar acuerdos para consolidar estrategias conjuntas que se reflejen en resultados para las y los ciudadanos.
Externó que, si bien pueden existir diferencias políticas en distintos ámbitos, la seguridad pública es una demanda generalizada de la sociedad, por lo que no se debe utilizar para buscar ganancias partidistas. Por ello, llamó a todos los alcaldes presentes a trabajar en conjunto por el bien de la sociedad.
“Lo estamos haciendo en un marco de neutralidad política. La seguridad es un espacio de neutralidad política. Podemos tener diferencias en cualquier ámbito, menos en el de la seguridad”, afirmó.
Por su parte, María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, explicó que el Modelo Nacional de Policía, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, tiene por objetivo el fortalecimiento de las corporaciones municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las fiscalías para reducir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones policiales.
Para ello, detalló, Sonora cuenta con un estado de fuerza integrado por seis mil 480 policías, de los cuales se espera, al cierre del presente año, que 82 por ciento cuente con su certificación de confianza; de igual forma, destacó que, en materia de dignificación salarial de la labor policial, se estima un sueldo promedio de 14 mil 174 pesos de las personas integrantes de corporaciones municipales.
En lo relacionado con atacar las causas que generan incidencia delictiva, precisó que la estrategia Jornadas Permanentes por la Paz ha generado una disminución del 31 por ciento en la percepción de inseguridad; mientras que un 44 por ciento de las y los ciudadanos afirmó contar con mejoras en la seguridad en su colonia, con una reducción del 50.6 por ciento en los incidentes reportados a la línea 9-1-1. Esto, en sectores focalizados como la colonia Villa Bonita de Cajeme.
Respecto a la incidencia delictiva, destacó una caída en el total de denuncias en el periodo enero a octubre del presente año, marcando una disminución del 10.4 por ciento, a tasa anualizada, de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. Lo que representa la primera caída después de cuatro años de haberse presentado incrementos.
“Esta es la incidencia delictiva acumulada de enero a octubre en Sonora: se redujo 10.4 por ciento en 2022 y de los 40 delitos del fuero común, 31 tipos registran una disminución en su incidencia respecto al mismo periodo del 2021”, expuso.
Por su parte, Clara Luz Flores Carrales, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), explicó que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica busca reforzar áreas de oportunidad destacadas a nivel nacional, entre ellas, la dignificación de los cuerpos policiales.
Sin embargo, dijo, en Sonora este último punto se encuentra ya afianzado, por lo que, si bien hay trabajo por hacer, las políticas públicas deben prestar atención a la justicia cívica, pues esta se centra en la transformación de la cultura social a través de la mediación y la resolución de conflictos de forma no punitiva y encaminada a reparar el tejido social.
Tras esto, los alcaldes presentes dieron sus puntos de vista respecto a la situación de seguridad en sus respectivas demarcaciones y se llegó a acuerdos, como la vinculación de información de barandilla, estandarización de procesos encaminados a la prevención y combate a la violencia de género y certificación policial, a fin de incrementar estándares de calidad.
