Solicitan prisión para patrones que oculten información salarial de deudores alimentarios

se presentó la iniciativa de reforma al artículo 416 del Código Penal del Estado.

San Raymundo Jalpan, Oax. .- Para sancionar a empleadores que oculten información salarial de los deudores alimentarios, en el Congreso de Oaxaca se presentó la iniciativa de reforma al artículo 416 del Código Penal del Estado.

En esta propuesta se planteó que haya sentencias de uno hasta cuatro años de prisión y multas de 200 a 500 días de las cantidades no suministradas oportunamente, a los patrones que oculten los datos reales del salario del padre deudor.

De esta manera, se busca castigar a quien se vuelve cómplice de un deudor alimentario, además dar prioridad a los menores de edad y su derecho a ser alimentados adecuadamente, vestidos, tener una habitación y recibir atención médica en caso de enfermedad.

En el país, tres de cada cuatro hijos e hijas de padres separados no reciben pensión alimenticia, al igual que en el 67.5% de los hogares sostenidos por madres solteras, debido al incumplimiento por parte de los deudores alimentarios, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La iniciativa de reforma, planteada por el legislador Noé Doroteo Castillejos, fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.

 

Cárcel a patrones que obliguen a trabajadores a firmar hojas en blanco en Oaxaca

tres años de cárcel, al patrón o empleador que obligue al trabajador a firmar documentos en blanco.

San Raymundo Jalpan, Oax. ,.-. El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó sancionar con hasta tres años de cárcel, al patrón o empleador que obligue al trabajador a firmar documentos en blanco.

Mediante adiciones a los artículos 227 y 229 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, quedó establecido que la falsificación de documentos se comete cuando se falsifique, adultere o haga uso indebido de rúbricas o firmas en documentos de carácter público y privado con efectos jurídicos en materia laboral.

Se considerará falsificación de documentos cuando se obligue o coaccione a algún trabajador a firmar documentos en blanco que implique renuncia de sus derechos, o le imponga obligaciones con el fin de menoscabar o anular sus garantías, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada.

La modificación legislativa precisa que, en los casos en que el patrón o empleador sea un servidor público, se le aplicará de seis meses a tres años de cárcel y se le destituirá del cargo.

La reforma fue propuesta por las congresistas Elim Antonio Aquino, del Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes; Hilda Pérez Luis, del Grupo Parlamentario de Morena y Aleida Serrano Rosado, así como por los diputados Noé Doroteo Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Pável Meléndez Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.

El dictamen aprobado por el Pleno de la LXIV Legislatura, fue emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Trabajo y Seguridad Social.