La presidenta de la Comisión de Movilidad, diputada Patricia Mercado Castro (MC), se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil para analizar sus propuestas de modificación a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la intención de regular el uso de las motocicletas en el país.
Mercado Castro destacó la importancia de que las iniciativas se presenten antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo de sesiones, e iniciar con el trabajo de dictaminación en enero, y a partir de ahí construir los acuerdos para de ser posible sean aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Resaltó que una vez que se tenga el dictamen se debe ampliar la convocatoria a este tipo de reuniones en donde se escuche a todos los grupos y a las y los promoventes, así como llamar a las comisiones de Salud, Comunicaciones y Transportes, Derechos de la Niñez y Adolescencia, y Economía, Comercio y Competitividad, para que conozcan la propuesta.
También, es necesario construir un acuerdo con las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, a finales de abril de 2027, “podamos tener algún tipo de regulación que ayude al tema de motocicletas”, pues la realidad es que están proliferando este tipo de vehículos.
Debe haber mayor seguridad
La codirectora de Céntrico y asesora de la Coalición Movilidad Segura, Georgina Alejandra Leal Vallejo, propuso un seguro obligatorio; es decir, garantizar que quien haga daño se haga responsable, y la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para retomar disposiciones de factores de riesgos enfocadas a niñas y niños en motocicletas.
Destacó que el énfasis de la reforma debería estar en las principales causas de siniestralidad, ver quiénes están falleciendo, cuáles son las causas y cómo se puede prevenir, reconocer la oferta que da en los traslados en donde no hay transporte y como herramienta de trabajo.
Armando Pliego Ishikawa, de Céntrico, se manifestó por fortalecer las medidas de gestión de riesgo y prohibir los esquemas de remuneración e incentivos de conductas de riesgo, pues hoy “muchas plataformas privilegian la velocidad, y entre más envíos y repartos hagan hay un incentivo para conducir más rápido”. Esa acción --dijo-- no sería para los usuarios sino para las empresas que incumplan con las obligaciones.
También, planteó la doble certificación; es decir, una licencia para las personas usuarias de motocicletas para su traslado y otra para quienes las utilizan como herramienta de trabajo; la homologación nacional de criterios para emitir las licencias, auditorías de las deficiencias sobre infraestructura, requisitos de comercialización de la venta de motos nuevas, diseño del registro nacional de las placas al momento de la compra y la garantía del casco.
La gerente de Movilidad y Seguridad Vial en el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), Jimena David Garza, consideró vital realizar una clasificación de los distintos tipos de vehículos, ver a quién le aplican ciertas regulaciones, quién debe cumplir con ciertos elementos de seguridad en el vehículo, quién debe usar casco y por dónde circular.
Indicó que es necesario deshacerse de la palabra “motocicleta” como definición de vehículo sino pensarla como un nombre comercial, y que sea un vehículo motorizado de dos o más ruedas, utilizado para el transporte de pasajeros, que sea de muy baja, baja, mediana y alta potencia, en donde las motocicletas podrían estar en mediana o alta, y establecer la obligatoriedad de las secretarías de Economía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de generar una Norma Oficial Mexicana para recuperar esas clasificaciones y defina los elementos de seguridad.
Para Valentine Delleur, gerente de Políticas Públicas en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), las iniciativas deben contemplar el uso del casco en motocicleta, la definición del mismo alineada a la normatividad internacional, porque es la más completa en materia de seguridad y se mencione en la Norma Oficial Mexicana que se emita.
También, considere la interoperabilidad de los registros y las bases de datos de movilidad y seguridad vial, al fijar facultades administrativas no fiscales y fortalecer las capacidades para cobrar las multas entre las entidades federativas, a través de acuerdos de colaboración administrativa y coordinación fiscal, lo que abona a evitar la elusión de responsabilidades.
Luz del Carmen Zenteno Gómez, presidenta y fundadora de la asociación civil Manu Vive A.C., resaltó la importancia de que el seguro se pida a todos los vehículos motorizados, es decir, “el seguro de responsabilidad civil a la persona conductora ligado a la licencia, e incluso si al renovar la licencia se ve que ha tenido algunas infracciones la misma aseguradora podría subirle el costo al siguiente seguro”.
Hizo votos para que el presupuesto que se ejerce en las secretarías de Movilidad sea etiquetado una parte para difusión, porque en muchas ocasiones la ley no la conocen ni los propios funcionarios, cuando “es parte de la vida pública conocer a qué tenemos derecho y a qué tenemos obligación”.
También de la asociación civil Manu Vive A.C, Ramón Vara Pizzini solicitó tener triciclos motorizados en lugar de motocicletas para el reparto de productos, “lo que no permitiría que se metan entre los carros sino por los carriles como lo hacen los autos” y les daría mayor seguridad.
Esa medida --abundó-- es fundamental para que haya mayor inclusión de las personas con discapacidad y tengan una fuente de empleo; que se regule para que sean conductores no motociclistas y se incluya a quienes reparten en bicicleta y ellos cumplan con los reglamentos como usuarios de las vialidades.
Areli Carreón, cofundadora de Bicitekas A.C e integrante de la Coalición Movilidad Segura, puntualizó que la propuesta que impulsa requiere de todas y de todos los sectores de motocicletas, y de regulaciones que “están en la cancha o de la atribución legal de otras comisiones”.
Recordó hay un gran malestar alrededor del tema, porque “todas y todos usamos la calle; hay un malestar por la incidencia de accidentes de tránsito y las graves consecuencias que estos tienen. No hay que polarizar ni crear espacios de conflicto. Estamos tratando de encontrar el piso común para movernos con seguridad vial, equidad, igualdad y usar este derecho como llave de otros”.
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Registro de motocicletas, seguro y casco obligatorios, entre las propuestas de organizaciones civiles a la Comisión de Movilidad
