Y lo más sorprendente es que, aunque muchos lo ven, lo comentan y lo cuestionan, pareciera que hemos llegado a un punto en el que resulta difícil distinguir entre una actividad interna de partido y una campaña electoral adelantada.
Me refiero a lo que estamos observando con militantes y aspirantes de Morena, quienes han comenzado a promover su imagen bajo la figura de coordinadores.
Coordinadores de esto, coordinadores de aquello, coordinadores de organización y de distintas tareas partidistas.
Y está bien que los partidos políticos se organicen. Es parte de sus derechos.
Pero aquí viene la pregunta: ¿en qué momento una coordinación interna se convierte en una plataforma de promoción personal con aspiraciones electorales?
Porque una cosa es organizar a la militancia y otra muy distinta es utilizar esa estructura para posicionar nombres, rostros e imágenes ante la ciudadanía.
Y vaya que hay promoción.
Publicaciones en redes sociales, fotografías, videos, reuniones, eventos, mensajes y toda una maquinaria de difusión que despierta una pregunta inevitable:
¿CUÁNTO DINERO SE ESTÁ GASTANDO EN TODO ESTO?
¿Quién paga?
¿De dónde salen los recursos?
¿Son aportaciones privadas? ¿Son recursos de los propios aspirantes? ¿Son gastos del partido?
Y, sobre todo, ¿quién está revisando las cuentas?
Porque no basta con decir que se trata de actividades internas. También es necesario conocer sus costos, sus fuentes de financiamiento y si están sujetas a las obligaciones de fiscalización correspondientes.
Y mientras tanto, ¿qué sucede con los demás partidos políticos?
¿No están viendo lo mismo?
¿No les preocupa la equidad de la competencia?
¿O consideran que estas actividades se encuentran dentro de los límites permitidos por la legislación electoral?
Porque, entonces, habría que preguntarnos algo todavía más importante:
¿LAS REGLAS SON IGUALES PARA TODOS?
¡Piso parejo!, diría yo.
Pero piso parejo de verdad.
No se trata de que todos copien las mismas prácticas ni de que todos comiencen a gastar desde ahora.
Se trata de que las autoridades establezcan con claridad qué está permitido, qué debe fiscalizarse y qué podría constituir una infracción.
Porque tampoco podemos afirmar que toda reunión política o toda publicación en redes sociales sea automáticamente un acto anticipado de campaña.
La ley contempla requisitos específicos para determinarlo.
Pero eso no significa que las actividades de promoción deban quedar fuera del escrutinio público.
Y AQUÍ VIENE LO MÁS PREOCUPANTE.
En un estado como Oaxaca, donde existen tantas necesidades sociales, resulta inevitable contrastar el despliegue de recursos destinados a la promoción política con las carencias que enfrenta la población.
Hacen falta mejores caminos.
Hacen falta medicamentos.
Hacen falta servicios de agua potable, drenaje, infraestructura y oportunidades de empleo.
Y mientras esas necesidades siguen esperando respuestas, la actividad política comienza a ocupar espacios, recursos y atención pública mucho antes de las elecciones.
Aclaremos algo: no estamos diciendo que el dinero de esas promociones provenga necesariamente de recursos públicos.
Eso tendría que investigarse y comprobarse.
Pero sí estamos planteando una reflexión sobre las prioridades.
¿CUÁNTO CUESTA PROMOVER UNA ASPIRACIÓN POLÍTICA Y CUÁNTO BENEFICIO RECIBE REALMENTE LA CIUDADANÍA DE ESE GASTO?
Porque una cosa es tener aspiraciones legítimas de participar en la vida pública y otra es convertir la búsqueda de un cargo en una competencia permanente de publicidad y posicionamiento.
Y esto apenas comienza.
Todavía faltan las definiciones internas, las precampañas y, finalmente, las campañas electorales formales.
Con ellas vendrán nuevos gastos, nuevas estrategias y una mayor presencia de propaganda política.
Por eso sería importante que las autoridades electorales no esperaran hasta el último momento para explicar las reglas, vigilar su cumplimiento y atender las denuncias que correspondan.
También sería saludable que los partidos, todos, informaran con transparencia cuánto destinan a sus actividades de organización y promoción.
Porque la democracia necesita competencia, pero también necesita rendición de cuentas.
Y TERMINO CON ESTO.
No se trata de impedir que alguien aspire a gobernar, a legislar o a representar a la ciudadanía.
Se trata de que las aspiraciones políticas no estén por encima de las reglas.
De que el dinero tenga un origen claro.
De que las autoridades actúen con el mismo criterio para todos.
Y de que los ciudadanos podamos distinguir entre quien está trabajando por resolver los problemas de la sociedad y quien está concentrado en construir su próxima candidatura.
Porque una cosa es querer servir al pueblo… y otra muy distinta es gastar una fortuna para conseguir un puesto público.
Y si esto apenas comienza, vale la pena preguntarnos desde ahora:
¿CUÁNTO NOS VA A COSTAR TODA ESTA CARRERA POLÍTICA?... Y ESTA ES MI OPINIÓN.