Sí. Han sido los medios de comunicación, los periodistas de investigación y las denuncias ciudadanas quienes, una y otra vez, han puesto bajo la luz pública presuntos actos de corrupción que hoy comprometen la credibilidad de distintas instituciones del Estado mexicano.
Y no se trata de estar en contra de Morena.
Tampoco de defender al PRI, al PAN o a cualquier otro partido político.
Se trata de algo mucho más profundo: de reconocer que millones de mexicanos depositaron su confianza en una promesa de transformación y hoy tienen razones legítimas para preguntarse si esa transformación está cumpliendo lo que ofreció.
Porque una cosa es prometer que se terminará con la corrupción y otra, muy distinta, es demostrarlo con hechos.
Durante años hemos escuchado los mismos argumentos.
Que los gobiernos anteriores saquearon al país. Que hubo corrupción, abusos de poder, enriquecimiento inexplicable y negocios al amparo de los cargos públicos.
Y sí. Existen antecedentes documentados de corrupción en administraciones anteriores.
Pero entonces surge una pregunta que continúa sin una respuesta satisfactoria:
¿POR QUÉ NO SE HA LLEVADO ANTE LA JUSTICIA A TODOS AQUELLOS QUE, CON PRUEBAS SUFICIENTES, RESULTEN RESPONSABLES DEL SAQUEO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS?
¿Por qué tantos señalamientos terminan convertidos en discursos políticos y no en sentencias judiciales?
¿Por qué se sigue utilizando el pasado como argumento para justificar los errores del presente?
Porque denunciar la corrupción de ayer no puede convertirse en una licencia para tolerar la corrupción de hoy.
Y mucho menos cuando quienes llegaron al poder prometieron precisamente terminar con esas prácticas.
Hoy tenemos un caso que sacude nuevamente la confianza pública.
El Instituto Nacional Electoral.
La institución responsable de garantizar la organización de nuestras elecciones enfrenta una controversia que involucra a su propia consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Investigaciones periodísticas han difundido videos, audios, documentos y señalamientos sobre presuntos vínculos con proveedores del organismo electoral.
Y la situación ha llegado a un punto verdaderamente delicado.
La Auditoría Superior de la Federación informó que abrió una investigación de oficio y que cuenta con elementos e indicios relacionados con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Estamos hablando de asuntos que involucran dinero público.
Dinero de los mexicanos.
Dinero que debe administrarse con absoluta transparencia.
Y aquí debemos ser responsables: una investigación no significa que exista una sentencia ni que las personas señaladas sean culpables.
Pero tampoco significa que los hechos deban minimizarse, ocultarse o justificarse mediante el argumento de una persecución política.
Guadalupe Taddei ha rechazado las acusaciones y sostiene que existe una campaña de desprestigio contra su persona y contra la institución electoral.
Está en su derecho de defenderse.
Pero la sociedad también está en su derecho de exigir explicaciones.
Porque cuando se administra dinero público, la transparencia no es una concesión del funcionario. Es una obligación.
Y ahora viene lo verdaderamente sorprendente.
Este domingo 25 de octubre, el propio Instituto Nacional Electoral difundió un comunicado en el que se anunciaba que Guadalupe Taddei presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados el lunes 26.
Sin embargo, minutos después, el comunicado desapareció de los canales oficiales.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
¿Por qué anunciar una decisión de semejante trascendencia y después retirar el documento sin una explicación inmediata?
¿Se mantiene la decisión?
¿Hubo alguna diferencia interna?
¿Quién autorizó su publicación y quién ordenó retirarla?
Son preguntas que merecen respuestas.
Porque estamos hablando de la institución que organiza las elecciones de nuestro país, no de una oficina donde los comunicados pueden aparecer y desaparecer sin consecuencias para la confianza pública.
Y en medio de todo esto aparece nuevamente el discurso presidencial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado entre los principios de su gobierno la austeridad, la honestidad y el combate a la corrupción.
Principios que, por supuesto, merecen respaldo cuando se traducen en resultados.
Pero aquí surge una reflexión inevitable.
LA CORRUPCIÓN NO SE COMBATE CON DISCURSOS. SE COMBATE CON INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES, PRUEBAS, RESPONSABILIDADES Y JUSTICIA.
No basta con afirmar que nadie está por encima de la ley.
Hay que demostrarlo.
No basta con señalar los excesos de los gobiernos anteriores.
Hay que impedir que se repitan en el presente.
Y tampoco basta con pedir confianza a los ciudadanos.
La confianza se gana con hechos.
Hay algo que me parece especialmente preocupante.
En México nos hemos acostumbrado tanto a escuchar denuncias de corrupción que corremos el riesgo de convertirlas en parte de nuestra vida cotidiana.
Un día aparece un contrato millonario.
Al siguiente, un posible conflicto de interés.
Después, una grabación.
Más tarde, una investigación.
Y finalmente, el escándalo desaparece de los titulares sin que la sociedad conozca necesariamente qué ocurrió con los recursos o quién respondió por ellos.
Eso no puede seguir siendo normal.
Porque mientras millones de familias trabajan diariamente para pagar impuestos, servicios, alimentos y medicamentos, cualquier peso desviado del presupuesto público representa una traición a la confianza ciudadana.
Y aquí quiero detenerme en algo fundamental.
No podemos condenar a una persona solamente por aparecer en un video, mantener una relación personal o ser mencionada en una investigación periodística.
Pero cuando existen indicios documentales de posibles irregularidades, las autoridades tienen la obligación de investigar hasta sus últimas consecuencias.
Sin protección política.
Sin venganzas.
Sin fabricar culpables.
Y, sobre todo, sin encubrir responsables.
PORQUE LA JUSTICIA NO PUEDE TENER PARTIDO POLÍTICO.
Y ahora sí, llegamos a la pregunta más incómoda.
Presidenta Claudia Sheinbaum:
Usted llegó a la Presidencia de México con una enorme responsabilidad histórica.
Con la promesa de continuar una transformación que ofreció terminar con los privilegios, combatir la corrupción y devolverle al pueblo la confianza en sus instituciones.
Pero el verdadero desafío de esa promesa no está en investigar únicamente a quienes gobernaron antes.
Está también en permitir que se investigue, con absoluta independencia, a quienes hoy ejercen el poder, a sus colaboradores y a cualquier persona que pudiera estar involucrada en actos ilícitos.
Desde luego, la Presidencia no puede ni debe sustituir a los jueces, fiscales o auditores.
Pero sí puede demostrar un compromiso nequívoco con la transparencia, respetar la autonomía de las instituciones y garantizar que no existan interferencias políticas para proteger a nadie.
Y entonces surge otra pregunta.
¿CUÁL ES EL PRECIO POLÍTICO DE LLEGAR AL PODER Y QUÉ TAN DISPUESTOS ESTÁN NUESTROS GOBERNANTES A PAGARLO CUANDO COMBATIR LA CORRUPCIÓN SIGNIFICA INVESTIGAR A PERSONAS CERCANAS A SU PROPIO PROYECTO?
Porque ahí es donde se mide la verdadera voluntad de transformar un país.
No cuando se castiga al adversario.
Sino cuando se permite investigar al aliado.
No cuando se exhiben los errores del pasado.
Sino cuando se corrigen los abusos del presente.
Presidenta:
Usted todavía tiene la oportunidad de marcar una diferencia histórica.
De demostrar que la transformación no depende del color de un partido, sino del respeto a la ley.
De acreditar que la honestidad no es solamente una bandera electoral.
Y de dejar claro que ningún funcionario, por poderoso que sea, puede utilizar su posición para evadir la rendición de cuentas.
Porque, al final, las cosas terminan cayendo por su propio peso.
Pero hay algo que no debemos olvidar.
LOS ESCÁNDALOS NO SON SENTENCIAS. LAS RENUNCIAS NO SON JUSTICIA. Y LOS DISCURSOS NO DEVUELVEN EL DINERO PÚBLICO QUE PUDIERA HABER SIDO DESVIADO.
México no necesita más culpables fabricados.
Tampoco necesita más responsables protegidos.
Necesita instituciones que investiguen, autoridades que respondan y una justicia que no distinga entre partidos políticos.
Y si de verdad queremos hablar de una transformación histórica, entonces empecemos por lo más elemental:
QUE LA LEY SEA LA MISMA PARA TODOS.
Porque la corrupción no tiene colores.
PERO LA IMPUNIDAD, CUANDO SE TOLERA DESDE EL PODER, TERMINA MANCHANDO A TODO UN GOBIERNO.