San Raymundo Jalpan, Oax.- Con el objetivo de proteger el arbolado urbano y sancionar las conductas dolosas que ocasionen su deterioro o muerte, se presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto al Código Penal para el Estado que propone imponer sanciones por el daño a árboles ubicados en bienes de uso común, plazas, parques, jardines, camellones, vías públicas y demás áreas verdes de carácter público.
El documento legislativo, presentado por la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, plantea adicionar los artículos 388 Ter y 388 Quáter para establecer penas de tres meses a un año de prisión y multas de 50 a 300 días de salario a quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y de manera dolosa, derribe, tale, anille, envenene, queme, mutile, destruya total o parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles ubicados en dichos espacios.
Además de las sanciones, el proyecto sugiere que la autoridad jurisdiccional deberá atribuir la obligación de restituir el arbolado dañado conforme a la normatividad ambiental aplicable o, en su defecto, ordenar la plantación y el mantenimiento durante dos años de al menos tres árboles de especies nativas o adecuadas al entorno por cada ejemplar afectado, en el lugar y bajo las condiciones que determine la autoridad ambiental o municipal competente.
La medida también indica que la pena de prisión pueda sustituirse, en términos del propio Código, preferentemente por trabajo en favor de la comunidad, mediante actividades de reforestación, mantenimiento de áreas verdes o educación ambiental.
Asimismo, busca incrementar hasta en una mitad las penas cuando la conducta afecte a tres o más árboles, se cometan dentro de áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, zonas de monumentos o sitios de valor histórico o cultural, o tenga como propósito obtener un beneficio económico, incluido el aprovechamiento, transporte o comercio de la madera resultante. Cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública, también se contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar otro por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
Para evitar que la disposición penalice intervenciones legítimas, el artículo 388 Quáter establece que no se procederá penalmente cuando los derribos, podas o intervenciones del arbolado cuenten con autorización, dictamen o programa de manejo expedido por la autoridad competente; se realicen ante un riesgo inminente para la vida, la integridad de las personas, los bienes o los servicios públicos, o respondan a razones fitosanitarias determinadas por la autoridad correspondiente.
La iniciativa fue presentada durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su estudio y dictamen.